Jueves 25 de Febrero
La Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, luego de analizar el informe que publicó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de Venezuela; exhortó a la población a votar masivamente para recuperar el equilibrio en el país. “En nuestras manos está recuperar la patria”, recordó Delsa Solórzano.
UNIDAD VENEZUELA.- La Mesa de la Unidad Democrática, a través de su Comisión de Derechos Humanos –coordinada por la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano–, fijó posición en torno al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Venezuela, dado a conocer este 23 de febrero 2010.
“Ratificamos que en Venezuela no existe democracia pero en nuestras manos está recuperar la patria. Es necesario votar masivamente el 26 de septiembre para que recuperemos el equilibrio en el país”, exhortó Solórzano. “Estos informes no son letra muerta. Si no se dejara constancia, Chávez sería otro presidente demócrata y no lo es. Parte de la importancia de informes como éste es que cada vez que un gobierno se sienta a hacer negocios con Venezuela, se sienta con un gobierno dictador”, agregó.
Según Solórzano, el informe –de 9 capítulos y 326 páginas– contiene un resumen de todos los años de gobierno del presidente Chávez. La defensora de los Derechos Humanos explicó que su elaboración se decide en octubre de 2008, ante la negativa por sexto año consecutivo de impedírsele el acceso al país a la comisión, luego de los sucesos de 2002. En noviembre de 2009, aseguró Solórzano, fue presentado al gobierno de Venezuela, para descargo y observaciones; las cuales realizó el 19 de diciembre de ese año.
“En el descargo, Venezuela reconoce la persecución política como algo normal, así como la excesiva represión en manifestaciones públicas y la existencia de grupos de choque como La Piedrita, Alexis Vive y UVE, entre otros”, aseguró Solórzano, quien respondió a las declaraciones que hizo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, poco antes de que iniciara la rueda de prensa de la Unidad: “Este informe no se hizo con base en un capricho sino en el descargo del Gobierno venezolano, entre otros factores”, y enumeró las audiencias, la violación de medidas cautelares de la CIDH y provisionales de la Corte, el Cap. IV de informes generales anuales (en el que también están Colombia, Haití y Cuba, resaltó Solórzano), y los casos denunciados.
La elaboración del informe culmina un año después de que se iniciara, en noviembre de 2009. El 30 de diciembre se aprueba y es publicado el 23 de febrero de 2010. Solórzano destacó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la comisionada de nacionalidad venezolana, Luz Patricia Mejía Guerrero, no participó en el debate ni en la decisión del informe, el cual fue aprobado por unanimidad.
Sólorzano, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, destacó 20 aspectos del informe, en los que la CIDH manifestó altísima preocupación y rechazo:
- Se les ha negado el acceso al país. “Algo tiene que ocultar el Gobierno”, manifestó Solórzano.
- Violación de derechos políticos. Especial referencia a las inhabilitaciones administrativas, las cuales se realizan en violación del debido proceso, sin condena penal y son selectivas. Solórzano mencionó los casos de Enrique Mendoza, Leopoldo López y Enrique Ochoa.
- El estado realiza acciones para evitar el libre ejercicio de cargos públicos de elección popular, con lo cual viola también el derecho al sufragio. La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos habló de los casos de los gobernadores César Pérez Vivas, Pablo Pérez y Henrique Capriles Randonski; y del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, de quien hacen especial mención en el informe.
- Existencia de grupos de choque (La Piedrita, Alexis Vive, UVE, etc.) con respaldo del Gobierno y entrenamiento policial. “Como mecanismos para amedrentar a los medios de comunicación social y periodistas”, agregó Solórzano.
- Persecución de la disidencia política, criminalización del ejercicio de la política, imputando delitos comunes de los dirigentes opositores para justificar su persecución o encarcelamiento.
UNIDAD VENEZUELA.- La Mesa de la Unidad Democrática, a través de su Comisión de Derechos Humanos –coordinada por la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano–, fijó posición en torno al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Venezuela, dado a conocer este 23 de febrero 2010.
“Ratificamos que en Venezuela no existe democracia pero en nuestras manos está recuperar la patria. Es necesario votar masivamente el 26 de septiembre para que recuperemos el equilibrio en el país”, exhortó Solórzano. “Estos informes no son letra muerta. Si no se dejara constancia, Chávez sería otro presidente demócrata y no lo es. Parte de la importancia de informes como éste es que cada vez que un gobierno se sienta a hacer negocios con Venezuela, se sienta con un gobierno dictador”, agregó.
Según Solórzano, el informe –de 9 capítulos y 326 páginas– contiene un resumen de todos los años de gobierno del presidente Chávez. La defensora de los Derechos Humanos explicó que su elaboración se decide en octubre de 2008, ante la negativa por sexto año consecutivo de impedírsele el acceso al país a la comisión, luego de los sucesos de 2002. En noviembre de 2009, aseguró Solórzano, fue presentado al gobierno de Venezuela, para descargo y observaciones; las cuales realizó el 19 de diciembre de ese año.
“En el descargo, Venezuela reconoce la persecución política como algo normal, así como la excesiva represión en manifestaciones públicas y la existencia de grupos de choque como La Piedrita, Alexis Vive y UVE, entre otros”, aseguró Solórzano, quien respondió a las declaraciones que hizo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, poco antes de que iniciara la rueda de prensa de la Unidad: “Este informe no se hizo con base en un capricho sino en el descargo del Gobierno venezolano, entre otros factores”, y enumeró las audiencias, la violación de medidas cautelares de la CIDH y provisionales de la Corte, el Cap. IV de informes generales anuales (en el que también están Colombia, Haití y Cuba, resaltó Solórzano), y los casos denunciados.
La elaboración del informe culmina un año después de que se iniciara, en noviembre de 2009. El 30 de diciembre se aprueba y es publicado el 23 de febrero de 2010. Solórzano destacó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la comisionada de nacionalidad venezolana, Luz Patricia Mejía Guerrero, no participó en el debate ni en la decisión del informe, el cual fue aprobado por unanimidad.
Sólorzano, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, destacó 20 aspectos del informe, en los que la CIDH manifestó altísima preocupación y rechazo:
- Se les ha negado el acceso al país. “Algo tiene que ocultar el Gobierno”, manifestó Solórzano.
- Violación de derechos políticos. Especial referencia a las inhabilitaciones administrativas, las cuales se realizan en violación del debido proceso, sin condena penal y son selectivas. Solórzano mencionó los casos de Enrique Mendoza, Leopoldo López y Enrique Ochoa.
- El estado realiza acciones para evitar el libre ejercicio de cargos públicos de elección popular, con lo cual viola también el derecho al sufragio. La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos habló de los casos de los gobernadores César Pérez Vivas, Pablo Pérez y Henrique Capriles Randonski; y del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, de quien hacen especial mención en el informe.
- Existencia de grupos de choque (La Piedrita, Alexis Vive, UVE, etc.) con respaldo del Gobierno y entrenamiento policial. “Como mecanismos para amedrentar a los medios de comunicación social y periodistas”, agregó Solórzano.
- Persecución de la disidencia política, criminalización del ejercicio de la política, imputando delitos comunes de los dirigentes opositores para justificar su persecución o encarcelamiento.
- En cuanto al derecho a la manifestación observó: se restringe el derecho y se reprime indebidamente a los manifestantes (gases tóxicos); se les imputa, acusa o persigue por delitos comunes como agavillamiento, cierre de vías o instigación a delinquir; uso excesivo de la fuerza policial o represiva del Estado; violación del derecho a la vida en las manifestaciones (fallecidos).
- Falta de independencia de los Poderes, destacando un poder judicial politizado; jueces que carecen de estabilidad; no hay concurso para los ingresos; designación a dedo y con características oficialistas; fiscales sin estabilidad; concurso y dudas en su designación; poder legislativo que atiende órdenes de altos funcionarios de otros poderes.
- En cuanto a la libertad de pensamiento y expresión observó la CIDH: grupos violentos intimidan periodistas y medios; declaraciones y amenazas de altos funcionarios que descalifican línea editorial de los medios privados; apertura de procesos administrativos a medios privados, en particular a Globovisión (capítulo especial), luego de declaraciones públicas del más alto mandatario nacional y órdenes directas a otros funcionarios; censura previa y eliminación de cuñas. Casos CEDICE y ASOESFUERZO; amenaza de cierre de 240 radioemisoras y cierre de 34 debido a su contenido editorial; excesivo uso de cadenas por parte del presidente, lo cual afecta el equilibrio informativo ya que no sirven a los intereses públicos sino que constituyen actos políticos; intervención de los contenidos transmitidos por los medios a través de la figura de la PNI. Concluyen: ausencia de libertad de expresión.
- Ley de Educación: Excesivos reglamentos que generan inseguridad jurídica; abre un excesivo margen de control al Estado respecto a los principios y valores de la educación; viola la libertad de conciencia de educadores y educandos, violándose así la educación libre y plural.
- Defensores de DDHH son víctimas de amenazas, hostigamiento e investigaciones judiciales contra ellos. “Los defensores de los Derechos Humanos no somos otra cosa que defensores de la democracia y de los ciudadanos”, agregó Solórzano.
- Falta de acceso a la información pública (no hay cifras oficiales de muertes y demás delitos).
- Inseguridad: Los venezolanos de encuentran indefensos frente al hampa, se estima que sólo en 2008 hubo más de 14.000 homicidios. El índice de muertes violentas en niños y jóvenes es alarmante.
- La impunidad ronda el 97% (Referido al informe anual de impunidad presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad). “Nos sentimos orgullosos de que se hayan apoyada en nuestra información”, dijo Solórzano.
- Milicia Nacional Bolivariana constituye una enorme preocupación: otorgamiento de armamento y entrenamiento a ciudadanos civiles sin facultades legales para reprimir.
- Alarma por situación carcelaria, en promedio muere un recluso diario en nuestras cárceles desde 2002. El Estado hace caso omiso de las medidas cautelares, el retardo procesal, el hacinamiento, la existencias de armas en las cárceles son parte de los temas detallados.
- Violencia contra la mujer: promedio de 100 casos diarios, quedan completamente impunes.
- Misiones se encuentran politizadas, sólo los oficialistas tienen acceso a ellas.
- Se viola la libre asociación sindical, sindicalistas presos o perseguidos políticos. Se cita al Min. Ramírez cuando señaló que sólo realizaría contratos colectivos con oficialistas.
- Mención especial caso Gustavo Azócar.
- Mención especial caso Manuel Rosales.
- Falta de independencia de los Poderes, destacando un poder judicial politizado; jueces que carecen de estabilidad; no hay concurso para los ingresos; designación a dedo y con características oficialistas; fiscales sin estabilidad; concurso y dudas en su designación; poder legislativo que atiende órdenes de altos funcionarios de otros poderes.
- En cuanto a la libertad de pensamiento y expresión observó la CIDH: grupos violentos intimidan periodistas y medios; declaraciones y amenazas de altos funcionarios que descalifican línea editorial de los medios privados; apertura de procesos administrativos a medios privados, en particular a Globovisión (capítulo especial), luego de declaraciones públicas del más alto mandatario nacional y órdenes directas a otros funcionarios; censura previa y eliminación de cuñas. Casos CEDICE y ASOESFUERZO; amenaza de cierre de 240 radioemisoras y cierre de 34 debido a su contenido editorial; excesivo uso de cadenas por parte del presidente, lo cual afecta el equilibrio informativo ya que no sirven a los intereses públicos sino que constituyen actos políticos; intervención de los contenidos transmitidos por los medios a través de la figura de la PNI. Concluyen: ausencia de libertad de expresión.
- Ley de Educación: Excesivos reglamentos que generan inseguridad jurídica; abre un excesivo margen de control al Estado respecto a los principios y valores de la educación; viola la libertad de conciencia de educadores y educandos, violándose así la educación libre y plural.
- Defensores de DDHH son víctimas de amenazas, hostigamiento e investigaciones judiciales contra ellos. “Los defensores de los Derechos Humanos no somos otra cosa que defensores de la democracia y de los ciudadanos”, agregó Solórzano.
- Falta de acceso a la información pública (no hay cifras oficiales de muertes y demás delitos).
- Inseguridad: Los venezolanos de encuentran indefensos frente al hampa, se estima que sólo en 2008 hubo más de 14.000 homicidios. El índice de muertes violentas en niños y jóvenes es alarmante.
- La impunidad ronda el 97% (Referido al informe anual de impunidad presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad). “Nos sentimos orgullosos de que se hayan apoyada en nuestra información”, dijo Solórzano.
- Milicia Nacional Bolivariana constituye una enorme preocupación: otorgamiento de armamento y entrenamiento a ciudadanos civiles sin facultades legales para reprimir.
- Alarma por situación carcelaria, en promedio muere un recluso diario en nuestras cárceles desde 2002. El Estado hace caso omiso de las medidas cautelares, el retardo procesal, el hacinamiento, la existencias de armas en las cárceles son parte de los temas detallados.
- Violencia contra la mujer: promedio de 100 casos diarios, quedan completamente impunes.
- Misiones se encuentran politizadas, sólo los oficialistas tienen acceso a ellas.
- Se viola la libre asociación sindical, sindicalistas presos o perseguidos políticos. Se cita al Min. Ramírez cuando señaló que sólo realizaría contratos colectivos con oficialistas.
- Mención especial caso Gustavo Azócar.
- Mención especial caso Manuel Rosales.
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